Política
14 de febrero de 2008
FALTAN FOTOS Nota_5_-_3-236a7; Nota_5_-_2-032e3 Y Nota_5_-_1-9012aNo hay reparo y la impunidad asfixia
Paraguay: la justicia también cierra puertas para el Ycuá Bolaños
Por Gustavo Torres, especial para Causa Popular.-
“(...) No tenemos esperanza de que las cosas cambien. Estamos incluso ante los peores escenarios: puede haber absolución, anulación de todo el proceso, puede cambiarse la calificación y reducirse la pena o puede confirmarse la sentencia; pero difícilmente ésta pueda aumentarse (...)”, se oye la voz resonante de Liz Torres al otro lado del teléfono. Ella es una de las principales dirigentes de la Asociación de Víctimas y Familiares del Ycuá Bolaños y sobreviviente de la tragedia del 1 A-04.
El pasado 2 de febrero, un tribunal condena a 12 años de prisión a Juan Pío Paiva, principal accionista del siniestrado supermercado donde murieran 400 personas, 500 quedaran heridas y 204 niños/as sin padres.
El fallo es considerado vergonzoso y benevolente por la Coordinadora de Organizaciones de Victimas, Familiares y Personas Amigas del Ycuá Bolaños, teniendo en cuenta que los extensos párrafos de la sentencia probaban como “Autores punibles de homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa acabada a los acusados Juan Pío Paiva, Víctor Daniel Paiva y Daniel Areco y de exposición a lugares peligrosos a Humberto Casaccia Romagni”, otro de los accionista del supermercado.
“Teníamos la gran esperanza de recuperar la confianza en la justicia paraguaya, pero los resultados hablan por si solos. Es demasiado coherente el sistema: funciona para defender los intereses de los políticos y de los que tienen poder económico en este país; la justicia nos da la espalda, es una vergüenza. Nuestras únicas herramientas para seguir e ir buscando un cambio de fondo son la organización y la lucha en las calles”, afirma convencida Liz Torres, durante una comunicación desde Asunción, luego de conocerse el cuestionado fallo.
De esta forma, Juan Pío Paiva es condenado a 12 años de cárcel, su hijo Víctor Daniel a 10 años de prisión; el guardia Areco a 5 años y Humberto Casaccia a 2 años y seis meses. Fueron absueltos en este proceso María Victoria Cáceres de Paiva, Antolina Burgos de Casaccia y Agustín Alfonso. La Fiscalía había pedido la pena máxima de 25 años de prisión para los procesados.
Según Liz, el caso Ycuá Bolaños es muestra de cómo funciona un sistema sustentado en una base histórica de corrupción y de impunidad, heredado de una larga dictadura de tres décadas y media, a pesar de su caída hace 19 años. Este caso-prosigue Torres- demuestra también la existencia de un grupo, que conforma una elite y es pilar fundamental de este sistema, como el caso de los empresarios con poder económico y político; porque son quienes financian las campañas y permiten que estos políticos lleguen al poder.
Al momento de producirse la tragedia, por orden de los propietarios, los guardias de seguridad habían cerrado las puertas del recinto para evitar que los clientes escapen con mercaderías no pagadas.
El juicio llevado a cabo contra el dueño de la cadena, su hijo y el jefe de vigilancia, había durado más de cuatro meses. Había culminado en primera instancia el 5 de diciembre de 2006, cuando el tribunal, con los votos de los tres jueces, los condenó como responsables de “homicidio culposo” con una pena de 5 años de prisión, en vez de los 25 años por “homicidio doloso agravado”, solicitados por los querellantes. Esta decisión había generado graves incidentes, al considerarse que las penas eran muy bajas.
Mientras el último juez leía los fundamentos de la decisión, las víctimas y sus compañeros de lucha saltaron de sus asientos tirando las sillas contra los magistrados, viéndose interrumpida la lectura de la sentencia. Este hecho es para los querellantes un argumento de la invalidez del juicio puesto que el veredicto no había sido comunicado en su totalidad y el proceso quedaba interrumpido antes de su conclusión.
Esta misma desilusión, en otro escenario, se repite el 2 de febrero reciente.
La burguesía criolla, la avaricia capitalista y su tinte verde militar
La generación de “nuevos empresarios” paraguayos de la década de los ‘90 se funda y sostiene, por una parte, sobre enormes fortunas obtenidas por los beneficiados y co-partícipes de la larga dictadura de Stroessner y, por otra, en el “milagro del libre mercado” en su apogeo neoliberal, cuando se desmembraba el bloque oriental, dirigido por la U.R.S.S. Al mismo tiempo que Francis Fukuyama declaraba que había llegado el “Fin de la Historia”.
Dentro de esta compleja configuración del modelo político- social se organizaron las clases dominantes y nacieron estos nuevos ricos. En ese contexto surgieron algunos “nuevos burgueses” del modelo “supermercadista”, decididos a acabar con los almacenes de barrio.
“En el caso de los Paiva y otros, se trata de una estirpe especial de seudo empresarios paraguayos que son utilizados por la mafia de este país. Si vamos a hablar en términos teóricos, la burguesía ilustrada nunca existió en Paraguay. Lo que hicieron los mafiosos fue invertir los bienes conseguidos con la explotación de los trabajadores en construcciones y destinar su dinero fuera del país.
Nunca se formaron intelectualmente; sólo permanecieron en un círculo corrupto sustentado el contrabando”, caracteriza Liz Torres.
Haciendo halago de su condición de comerciante informal, Juan Pío Paiva se presenta como “heladero”, alguien que tenia un carrito de “panchos” y multiplicó por mil su propiedad comercial, por entelequia del mercado, abriendo una cadena de 5 hipermercados.
“Sabemos de los tentáculos de la mafia que rodean este país, conocemos sus nombres y apellidos y estamos al tanto de que se halla inserta en la misma estructura del Estado. Es vox populis que uno de los accionistas es el general Lino César Oviedo. Además uno de los abogados de la querella que es Oscar Tuma, quien supuestamente defiende a 6 víctimas, el día de su alegato traiciona la parte y crea una nueva figura que es la de querellante defensor. Esta actuación de su parte se entiende al develar que él es oviedista, candidato a diputado en esta última elección en la interna del UNACE.
Por otra parte, el juez Aguirre, quien empezó a pasar información falsa y rumores en la sentencia anterior, es oviedista. Claramente hay una complicidad entre estos personajes y los actores que manejan los hilos de poder en este país permiten que esto esté instalado y siga dando frutos de su ilícito accionar”, acusa sin dudar Torres.
El paseito de los concejales por Cancún y la oferta del pan de las 11 AM
Como símbolo de progreso del país, cual pavo real mostrando su cola policromada y su construcción posmoderna -propia de la era- se instala es el centro del populoso barrio de Trinidad, el hipermercado Ycuá Bolaños. Pero muchos no olvidan que este barrio también tuvo su apogeo rebelde, cuando en plena dictadura militar, la teología de la liberación desafiaba con su trabajo pastoral en las villas de emergencia de la zona y las posteriores luchas contra la planta de gas de los Pallarez, que paradójicamente estuviera a punto de explotar alguna vez en el mismo poblado.
El shopping - supermercado- se instaló en ese punto neurálgico, uniendo clases sociales, dividas por la avenida Artigas: para el lado del río, los clientes pobres y en el otro extremo, los compradores de medios y altos. Todos entraban a comprar, en especial las galletas que para las 11 de la mañana salían calentitas del horno y a un precio de “oferta y sin limite de compra”, y la orden es “cerrar” las panaderías del barrio, y la orden será siempre “cerrar”.
Cuando la costumbre se instaló, la ganga habría que limitar: Sólo 4 kilos por personas; fue así que los clientes de los del lado del río se ingeniaron para burlar la nueva estrategia de venta y convirtieron en costumbre venir toda la familia a comprar el pan para revenderlo en el vecindario o para compartirlo en casa.
En la mañana del domingo 1 de agosto de 2004, estas mismas familias estaban nuevamente invitadas a recurrir a ganarse su pan; éste y el edificio estaban asegurados, menos la vida, ya había dado su beneplácito el intendente azul opositor Martín Burt y su reemplazante, oficialista colorado Enrique Riera, también hizo la vista gorda a tan “pujante” empresa.
¿Quién podría controlar?. Los concejales ya tenían sus boletos de avión, no podían suspender sus vuelos en primera clase, además esperaban los rayitos de sol para broncearles la piel en las playas de Cancún mientras cuatrocientos morían calcinados. Total-habrán pensado- “los muertos entierran a sus muertos”.
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