Derechos Humanos
5 de junio de 2007
FALTAN FOTOS 5_paraguay_campesinos-603b9; 5_paraguay_campesinos000-8aadb Y 5_paraguay_campesinos0011-4fe99El gobierno de Duarte Frutos aplazado en Derechos Humanos
Oleada represiva en el campo paraguayo
Por Gustavo Torres, especial para Causa Popular.-
Durante una entrevista telefónica con Causa Popular, el dirigente campesino Belarmino Balbuena, del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), denunció que una brutal represión encabezada por el fiscal Roberto Velázquez, desmanteló un asentamiento de 744 hectáreas, donde están asentadas 140 familias, que llevan arraigado más de 12 años en la zona.
Estas Tierras fueron desafectadas por el Parlamento Nacional al Ministerio de Defensa y expropiadas por el Instituto de Bienestar Rural, actual Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a favor de las familias campesinas, asegura Balbuena.
El dirigente del MCP, alegó que los campesinos pidieron la intervención del INDERT en este conflicto, porque reclaman como suyas las hectáreas desalojadas.
“Esta nueva avanzada del aparato represivo sobre el movimiento campesino no es casual ni es nuevo, teniendo en cuenta las cantidades de actos de violencias que se generó y sigue generándose desde el Estado.
Considerando además que estamos en un año electoral y los colorados (partido colorado, con 60 años en el poder) no quieren soltar prendas, ahora tienen en la mira a los asentamientos campesinos autónomos, como el asentamiento Arsenio Baéz, para tener un control electoral y prebendaria sobre los campesinos. Estas acciones represiva, además están encuadrada dentro de la reciente aprobada “Ley antiterrorista” en la Cámara de Diputados, incorporando en un llamativo Capítulo del Código Penal denominado "Hechos Punibles Contra los Pueblos", auspiciado por la embajada norteamericana en Paraguay”, sostuvo el dirigente campesino.
A través de un comunicado, la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) repudió la represión al tiempo de resaltar la situación infrahumana e indignante en que se encuentran los desalojados que están a un costado de la ruta nacional nº VII, Gaspar Rodríguez de Francia, como las mujeres embarazadas, niños recién nacidos con el frío a la noche y en la intemperie, con cascos azules (policías antimotines) amenazándoles en todo momento, niños que dan clases en la calle y con los animales domésticos muertos durante la represión, apeligrando la seguridad alimentaria de los campesinos, señala en una parte el comunicado de CONAMURI, firmada por la secretaria de relaciones, Julia Franco.
Los antecedentes del caso dan cuenta que los campesinos ingresaron al inmueble en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner. Posteriormente, mediante una desafectación aprobada por el Congreso, tomaron posesión del inmueble. Los herederos de José D. Ocampo interpusieron un recurso de nulidad de la ley y le vendieron la propiedad a Arquímedes García. Desde entonces, los ocupantes iniciaron las gestiones para que el Parlamento ratificara la expropiación, pero no consiguieron el objetivo.
El terreno formaba parte de una parcela de más de 600 hectáreas; solo esta finca no fue expropiada, pero desde un principio formó parte del asentamiento Arsenio Báez. El lugar exacto en donde se desató el conflicto se denomina Golfo, por constituirse en un terreno que se encuentra rodeado de agua del Lago de Itaipú. La dirigente de los labriegos denunció que el fiscal Roberto Velásquez ordenó el allanamiento sin contar con una orden judicial para el efecto y sin avisar previamente a los ocupantes de la propiedad del procedimiento.
El terreno es una fracción de tierra que pertenecía a la familia Ocampo, pero en la época de la dictadura, las Fuerzas Armadas tituló la parte en disputa y puso ahí un destacamento militar. Luego de la caída la dictadura, los militares dejaron el lugar y los campesinos se organizaron para entrar al terreno que había quedado abandonado, extrañamente luego de muchos años los supuestos dueños, pertenecientes a esta familia empezó a presionar y lograron que se invalide el título de propiedad a nivel judicial, y ahí comenzaron los conflictos con los campesinos", explicó Belarmino Balbuena.
Dijo que se abrieron tres expedientes sobre el caso, que nunca prosperaron. Luego de mucho presionar, los campesinos lograron expropiar 346 hectáreas, mientras que siguen en litigio dos expedientes más, uno por 121 hectáreas y otro por unas 40 hectáreas.
Otro asentamiento campesino se erigió sobre 621 hectáreas, localizadas en Juan E. O’Leary, que posteriormente fueron vendidas a una familia de origen austriaco, que quieren construir en el lugar un country club, ya que el terreno se encuentra a orillas del Lago de la Itaipú Binacional.
Más desalojos
El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) denunció además otro desalojo ocurrido el mismo día en el asentamiento María Auxiliadora, distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná, donde fue desarticulado un campamento ubicado en el costado de un camino y fueron detenidos 10 campesinos. Estos desalojos ocurren pocos días después de la aprobación en el Parlamento de la Ley Antiterrorista (o Terrorismo de Estado) y la eliminación de la expropiación de 52 mil hectáreas de tierras de la empresa La Victoria S.A., perteneciente a la Secta Moon, que en compensación ofreció donar 30 mil hectáreas quedándose con el casco urbano de la ciudad de Puerto Casado, aislando a los pobladores hacia el interior.
Estas medidas antipopulares fueron tomadas con el voto de parlamentarios de la Concertación Nacional, en especial, UNACE y Patria Querida. Lo mismo ocurrió cuando fue rechazada semanas atrás el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva ante presión de la jerarquía de la iglesia católica y otros grupos conservadores.
Varias organizaciones sociales y políticas como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Alianza Patriótica Socialista (APS) y otras departamentales realizarán el 5 de junio una marcha de protesta en Coronel Oviedo contra la ley Antiterrorista, por la reformar agraria, la soberanía nacional, contra las privatizaciones y otros puntos.
En este acto se recordará el asesinato de Calixto Cabral por parte de efectivos policiales en el año 2004 durante la lucha contra las privatizaciones por parte de efectivos policiales. El crimen nunca fue investigado ni aclarado.
La desigual distribución de la tierra se torna alarmante, al observar que tan sólo 351 propietarios concentran 9.7 millones de hectáreas, mientras que existen, según las organizaciones campesinas y Ongs, más de 350.000 familias campesinas sin tierra o con cantidad de tierra insuficiente. Esta situación es una de las causas centrales del hambre y desnutrición grave en el campo, ya que el 22.8% de la población rural está en la extrema pobreza. El ingreso promedio de dichas familias sólo cubre el 58.3% del costo de la canasta básica de consumo. El estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, responsable de ejecutar la política de tierra en el país, es duramente criticado por los líderes campesinos.
Cómo se violan los derechos humanos en el Paraguay
Durante la primera mitad del año se conoció casos de amenazas y agresiones a periodistas por trabajos de investigaciones en cuestiones política, drogas y medioambiente.
Desde febrero del año pasado está desaparecido, Enrique Ramón Galeano, periodista de radio, fue visto por última vez en una comisaría policial de Azotey, en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción. En 2005 se le había puesto protección policial, porque había recibido amenazas de muerte. La fiscal que investigaba el paradero de Enrique Ramón Galeano expresó preocupación por su propia seguridad. Hubo informes sobre actividades de patrullas civiles armadas en el norte del país.
Un líder comunitario fue víctima de homicidio. Las condiciones carcelarias son pésimas; sumando a esto los continuos desalojos de campesinos de sus tierras, las cuales se entregaban a terratenientes dedicados al monocultivo de soja. La mala salud, la malnutrición y el hambre se hacían sentir entre la población indígena, las mujeres, los menores y las personas de avanzada edad.
En agosto, el ex presidente Alfredo Stroessner murió en el exilio en Brasil. Se había solicitado en vano su extradición, y jamás fue juzgado por las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno, incluso en el contexto de la Operación Cóndor, plan conjunto de los gobiernos militares del Cono Sur de las décadas de los setenta y ochenta para eliminar a la oposición.
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