Política
1 de mayo de 2008

FALTA FOTO Evo-2-220c2 (Evo Morales. El presidente boliviano y el desafío del 4 de mayo)

UN REFERÉNDUM ILEGAL Y GOLPISTA DE LA OLIGARQUÍA SANTACRUCEÑA

Conspirar para dividir Bolivia

Por Gustavo Torres

Con actitud conspirativa para dividir Bolivia, el domingo 4 de mayo la élite política empresarial de Santa Cruz de la Sierra -la misma que estuvo en el poder durante los gobiernos neoliberales del país- llama a un referéndum autonómico, calificado por diversos organismos nacionales e internacionales de ilegal e inconstitucional.

Desde décadas pasadas, siempre con un objetivo separatista, el Comité Cívico cruceño ha venido amenazando con su separación del país, método con el cual ha conseguido mantener a todos los gobiernos nacionales a raya y ha impedido que sus intereses fueran afectados, como el control de la tierra y de los recursos naturales.

Ante este panorama, el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Bolivia, Rodolfo Stavenhagen, ratificó la inconstitucionalidad de un posible referéndum sobre el estatuto autonómico y agregó que “contiene disposiciones racistas”, refiriéndose concretamente al artículo 161 del estatuto, que al citar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce “con orgullo” su condición racial mayoritariamente mestiza y también su obligación de conservar la cultura de los pueblos indígenas del departamento. “Pero ocurre que los derechos humanos de los pueblos indígenas ya están tutelados por leyes del país que incluyen dicho Convenio 169, por lo que el estatuto autonómico solo agrega su orgullo”, declaró a los medios.

Por sus orígenes, los estatutos no son ni expresan una participación democrática. Para su elaboración no se contó con delegados elegidos democráticamente sino que fue redactada entre amigos y empresarios para mantener su consigna profundamente secesionista, manejada mediáticamente.

Aunque la mayoría de los medios de comunicación comerciales está controlada por los sectores del oriente del país que tienen un fuerte poder económico, político y social, gran parte de la población boliviana califica a los estatutos como divisionistas, pues van en contra de la Constitución Política del Estado y no tienen reconocimiento de la Corte Nacional Electoral.

De acuerdo a algunos sondeos, de efectuarse el referéndum autonómico del 4 de mayo, la mayoría de los habitantes de Santa Cruz se abstendría de votar. Sin embargo, se estima que, luego del domingo, los divisionistas impulsen un efecto dominó promoviendo consultas del mismo tipo en Tarija, Beni y Pando.

El proceso de cambios a favor de las mayorías bolivianas corre el riesgo de ser brutalmente coartado. El ascenso al poder de un presidente indígena, electo con un respaldo sin precedentes en ese país, y sus programas de beneficio popular y de recuperación de los recursos naturales, han tenido que enfrentar desde los primeros momentos las conspiraciones oligárquicas y la injerencia imperialista.

El 15 de diciembre de 2007, Bolivia marcó un hito en su historia por la entrega oficial y solemne del nuevo texto de Constitución Política de Estado al gobierno de Evo Morales por parte de 164 constituyentes. Simultáneamente, los representantes de la denominada “media luna” presentaron sus “Estatutos Autonómicos” con gusto a rebelión terrateniente, racista y separatista.

En los últimos días, la escalada conspirativa ha alcanzado sus cotas máximas. Las acciones anticonstitucionales con que los grupos oligárquicos pretenden dividir la nación boliviana, reflejan la mentalidad racista y elitista de estos sectores y constituyen un peligrosísimo precedente, no sólo para la integridad de ese país, sino también para la de otros países de nuestra región.

El presidente indígena, Evo Morales Aymá, expresó que “estamos convencidos que vamos a garantizar autonomías para los pueblos y no para las logias y esa es la lucha del movimiento indígena, la lucha por la autodeterminación”. Y agregó que el referéndum autonómico se trata de “una consulta o un sondeo de opinión con mucha plata” que pretende dividir a los bolivianos y que no es vinculante a la Constitución Política del Estado.

Asimismo, Morales pidió para el 4 de mayo unidad a los bolivianos y respeto a las movilizaciones nacionales para ese día. “Autonomía con igualdad sí, estatutos con división no. Debemos luchar por la unidad del país, los estatutos dividen a Bolivia”, manifestó.

Para los autonomistas, el “Estatuto Autonómico” estaría al mismo nivel que la Constitución Política del Estado como si se tratara de otra carta magna, pretendiendo vulnerar los niveles jerárquicos de la Constitución Nacional. No obstante, lo único que está claro es que el gobierno de Evo Morales no vulneró ley alguna, sino que por el contrario, los secesionistas forzaron cambios anticonstitucionales sin querer reconocer la Constitución, aprobada legalmente en diciembre -y cuyo procedimiento cuenta con el respaldo internacional.

Con la nueva Constitución se han incorporado las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas (arts. 270 a 298) con un Código de Autonomías que las refleja. Ello muestra que un estatuto autonómico no puede estar a la altura de la Constitución Política del Estado. Es decir, existe una estructura jerárquica que no se puede vulnerar.

Esta semana se conoció que residentes paceños viven un ambiente de incertidumbre en Santa Cruz como consecuencia de las constantes amenazas de parte de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista de una limpieza étnica, luego de la consulta autonómica.

El Comité de Residentes Paceños, que agrupa a gremios, comerciantes y trabajadores de La Paz, denunció que están sufriendo todo tipo de amenazas y ofensas de parte de jóvenes que actúan a nombre de la Unión Juvenil Cruceñista y esas intimidaciones son más intensas en la etapa previa a la consulta autonómica. Incluso, este grupo es el que va a colegios a reclutar a jóvenes en todo el departamento para que repartan regalitos, pidiendo que voten por la autonomía.

Ante esta situación, gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a difundir un llamamiento de respaldo al gobierno del presidente Evo Morales, a sus políticas de cambio y al proceso constituyente soberano del pueblo boliviano; rechazando al mismo tiempo, el llamado Estatuto Autonómico de Santa Cruz por su carácter inconstitucional y por atentar contra la unidad nacional Boliviana.