Cultura
4 de diciembre de 2007

FALTAN FOTOS 5_F3-26161 (Vicente Páez, Secretario General del Sindicato de Periodista del Paraguay); 6_F2-887c1 (Adolfo Giménez, periodista y editor del diario Popular de Asunción); 6_f1-c8c18 (Marco Ibáñez entrevistando a un indigena de la parcialidad ava guarani en su programa Corazones solidarios Fm 88. 7 Fm Comunitaria Radio Ciudad); 6_radioscomunitarias-acb55 Y 6_radiopopular-af79f

Preocupa garantías para la libertad de expresión y asesinatos de periodistas

El periodismo en Paraguay: el oficio más peligroso

Por Gustavo Torres, especial para Causa Popular

En un mundo cada vez más peligroso para la práctica del periodismo crítico, en Paraguay, la tarea del comunicador no se escapa a esta realidad. Desde la apertura democrática -febrero de 1989- ocho periodistas, en su mayoría los denominados reporteros populares, han sido asesinados. La misma Sociedad Interamericana de Prensa-SIP- incluyó a Paraguay en su último informe de “Mapa de periodismo de alto riesgo”. Considerando que la SIP defiende principalmente los intereses de grandes medios de comunicación, es importante señalar que si en algo coincide con las organizaciones sociales es en la denuncia de acosos, asesinatos y constantes amenazas a periodistas en el Paraguay.

A finales de la dictadura, las radios comunitarias se constituyeron en los medios principales de comunicación de los sectores populares organizados. De los altos parlantes manuales que desarrollaron enorme poder de convocatoria en 1991 en los “barrios de emergencias” de Asunción, tuvo pie el salto tecnológico con la conquista del espectro electromagnético en 1993, por medio del uso de emisoras en FM. Desde aquel momento, se libra una dura batalla con el Estado, el cual respalda a los grandes monopolios de la comunicación con órdenes de cierre de estas emisoras populares ó con la confiscación de sus equipos de transmisión.

Si bien en 1995, la ley de Telecomunicaciones 642/95, reconoció la existencia legal de un nuevo sector en la radiofonía paraguaya: Las Radios Comunitarias; actualmente existe un revés para la libertad de expresión a través de chicanas burocráticas y abiertas persecuciones legales.

En la actualidad, existen más de 250 emisoras ciudadanas que se han convertido en elementos fundamentales a la hora de difundir proclamas y demandas de organizaciones sociales. Sin embargo, al peligro intrínseco de esta profesión de buscar la verdad, ahora se suma el acoso de organismos legales para los comunicadores de este sector.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) concedió una potenciación de no más de 50 vatios a las radios comunitarias para los centros urbanos y 300 para las zonas rurales del interior del país. “Nos han reducido a la indigencia, al establecer la potenciación de los servicios de radiodifusión comunitaria en 50 watts”, protesta Marcos Ibáñez, presidente de la Cooperativa de Radios Comunitarias del Paraguay (COOPRADIO), organización que aglutina a alrededor de 150 emisoras.

Para el Departamento Central -“Gran Asunción”, de mayor población- la CONATEL anunció que autorizará sólo 3 frecuencias para las cerca de 40 emisoras que han presentado sus pedidos de acreditación. Las radios habilitadas dentro de este proceso tendrán baja potencia y muchísimas limitaciones para sostenerse.

“La comunicación también depende del cambio político y del ascenso de la lucha popular para que el Estado reconozca la labor de estas emisoras. Es un tema eminente político. A la comunicación comunitaria marginan desde el poder, otorgándole pocos metros y distancias para que no logre protagonismo en la sociedad, es una reglamentación injusta”, insiste el dirigente de la COOPRADIO.

El radialista explica que los distintos gremios representantes de estas emisoras ciudadanas, entre ellos, la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria (COMUNICA) plantea la concesión del permiso justo de 1000 watts para interior del Paraguay y 300 para los centros urbanos; Además, propone segmentación en radios barriales, locales y regionales.

“Las radios comunitarias llevamos más de 14 años de lucha; a pesar de la caída de la dictadura, el gobierno sigue siendo dictatorial en materia de comunicación. Con la actual reglamentación se condena a la desaparición de la comunicación alternativa”, refirió Ibáñez.

El gobierno definió a estas emisoras como radios de pequeña cobertura y las últimas delimitaciones fueron realizadas durante la presidencia actual de Nicanor Duarte Frutos.

Profesión peligrosa

“La situación del periodista profesional en Paraguay no es muy diferente a la de otros países del Cono sur en el aspecto laboral, pero con una diferencia clara: no es lo mismo trabajar como periodista de los grandes medios en la capital o ciudades importantes, que ser corresponsal en ciudades lejanas o pequeñas comunidades”, sostiene Adolfo Giménez, periodista y editor del Diario Popular de Paraguay.

“El peligro en estos lugares creció enormemente en los últimos años por el poder de tipo mafioso que se ha instalado y está creciendo. Hay varios casos de periodistas asesinados, amenazados, golpeados”, denunció Giménez.

“Los medios alternativos -y me refiero a las radios- cumplen un papel importantísimo cuando representan a una comunidad organizada o a una organización social cualquiera, aunque su alcance sea muy limitado en relación a los grandes medios. Pero el fenómeno extraño que está ocurriendo es que muchas radios comunitarias, por ejemplo, no se diferencian de las otras radios comerciales y eso no puede ser. Muchas organizaciones tropiezan también con el problema de que les resulta un trabajo muy grande mantener una programación diaria de 14 o 18 horas”, sostuvo Giménez.

La mayoría de las radios comunitarias que han accedido a la acreditación legal de la frecuencia no pertenecen a organizaciones sociales, sino más bien a sectores políticos que están en comunión con el gobierno de turno. COMUNICA denunció que en el mes de diciembre del año 2006, la CONATEL habilitó a casi 50 radios de las cuales el 80% de las emisoras pertenecían a operadores del partido oficialista, pseudo empresarios que explotan la radio con fines comerciales, y sextas de dudoso origen. “Estas acreditaciones se dieron en un proceso de supuesta regularización, donde en realidad primó el criterio de padrinazgo político y excluyó a las que realimente trabajan en procesos de participación y acciones con sus comunidades”- reveló esa organización.

Vicente Páez, Secretario General del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) exhortó nuevamente a las autoridades a aclarar el crimen del periodista Alberto Tito Palma Godoy, ocurrido el miércoles 22 de agosto en Mayor Otaño, Itapúa. Aseveró que el terrible asesinato de su colega se enmarca en los permanentes ataques a la libertad de expresión y prensa que sufre el país. “La impunidad de estos crímenes hace que se sigan matando a comunicadores y persiguiendo a los compañeros de radios comunitarias a través de acosos y amenazas”, denunció Páez.

“El crimen del compañero evidencia que grupos mafiosos están operando impunemente en vastas regiones del país y las zonas que más preocupan son: Yby Yaú, Pedro Juan Caballero, San Ignacio, Capiibary y Capitán Bado, entre otros puntos. Pues en esas zonas fueron ejecutados al menos siete compañeros”, expresó.

Santiago Leguizamón fue muerto el 26 de abril del 1991 en Pedro Juan Caballero. Los hermanos Salvador Medina y Samuel Medina perdieron la vida en la zona de Capiibary. La lista sigue con Calixto Mendoza, Yamila Cantero, Samuel Román, Benito Jara y ahora Tito Palma. También el caso que conmovió internacionalmente fue el de la desaparición forzosa de Enrique Galeano en Yby Ya’u.

Luego de haber sido desaparecido por casi un año y medio, fue localizado en julio pasado en los suburbios de San Pablo. Había sido secuestrado el 4 de febrero de 2006 y obligado a desaparecer amenazándolo con matar a su hijo de 14 años si no obedecía. Ahora, el periodista se encuentra en Francia en calidad de refugiado. Galeano, de 48 años, se desempeñaba como locutor y periodista de una radio comunitaria del pueblo de Azotey. Su desaparición ocurrió luego de realizar denuncias en la radio vinculadas al tráfico de drogas y su conexión con la mafia local.

La preocupación por las garantías del derecho a la libertad de expresión siguen hoy latentes y las organizaciones sociales sostienen que seguirán en la resistencia por sus reivindicaciones y la democratización de las comunicaciones.