Medio Ambiente
27 de noviembre de 2007

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Las comunidades rurales carecen de protección contra fumigaciones

Informe especial: el negocio de la soja y la trampa de los agro tóxicos en Paraguay

Por Gustavo Torres, especial para Causa Popular.-

El impacto de los agroquímicos sobre la salud humana se ha puesto nuevamente sobre el tapete en Paraguay con la muerte del niño Jesús Giménez, de 3 años. El 17 de octubre, Roberto Giménez denunció ante el Ministerio Público el fallecimiento de su hijo Jesús por las fumigaciones en las plantaciones de canola en las cercanías de su vivienda, en la comunidad de Leopoldo Perrier, distrito de San Cristóbal, sur del departamento de Alto Paraná, frontera con Brasil. El niño habría fallecido el 13 de agosto por causas relacionadas con aplicaciones de agroquímicos en la zona. Aunque la soja es el principal producto de exportación del país, las plantaciones de canola están proliferando en los alrededores de esta localidad. Estas tierras son dadas en alquiler por nativos paraguayos a colonos brasileños para el cultivo de esta oleaginosa a partir de la cual producen biodiesel.

“En la escuela, los pequeños se desmayan del olor, las mujeres están sufriendo abortos y están muriendo peces, cerdos y otros animales”, manifestó Giménez. Los serios problemas sociales y ambientales generados por la masiva utilización de agroquímicos en zonas muy cercanas a comunidades y asentamientos campesinos son de público conocimiento. En muchas ocasiones han afectado la salud y hasta han puesto en riesgo la vida de los labriegos y sus familias.

El 6 de septiembre, el Parlamento rechazó la Ley de Plaguicidas, Agrotóxicos y Fertilizantes, que habría aplicado un marco legislativo mínimo a la utilización de agroquímicos. La medida ha dado carta blanca a las grandes transnacionales fabricantes de estos productos.

“Con el rechazo a este proyecto de ley, se mantendrá la inmunidad de los agronegocios que siguen devastando la tierra y afectando la salud de la población”, manifestó el ambientalista Víctor Benítez. “En Paraguay se necesita de una ley de plaguicidas. Lo que existe es una ley fitosanitaria aprobada en el año 1992, pero que se ocupa solamente de la parte vegetal: control de plagas y enfermedades, sin tener en cuenta la salud humana ni el medio ambiente; por lo tanto es una ley incompleta”, agregó.

Quiénes sufren las peores consecuencias

Con el inicio de la temporada de cultivo extensivo de soja a fines de octubre, niños y adultos ya están sufriendo sus consecuencias.

“Los grandes cultivadores de soja llegan a aplicar hasta ocho productos diferentes en cada zafra. Para comenzar el cultivo utilizan como dosis 2 litros de herbicidas, lo que nos lleva a estimar que más de 4 millones de litros de glifosato son aplicados solamente para iniciar el cultivo”, agrega.

El glifosato -Roundup Ready, según su nombre oficial- es un herbicida desarrollado por la multinacional Monsanto. Investigaciones de la Facultad de Ciencias Bioquímicas (FCB) de la estatal Universidad de Rosario, en Argentina, determinaron que el glifosato es responsable de múltiples enfermedades y no debe ser esparcido a menos de 1000 metros de cualquier sitio donde se desarrollen actividades humanas.

Según el médico e investigador paraguayo Joel Filártiga, el glifosato es cancerígeno y en los seres humanos y animales, además de envenenamiento, produce irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, múltiples formas de reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, daños renales, arritmias, destrucción de glóbulos rojos y pérdida de conciencia.

Las cifras del desastre

Para organizaciones campesinas y ambientalistas, la aprobación de la ley de plaguicidas era un tema decisivo para un país que cultiva más de 2.5 millones de hectáreas de soja transgénica y es el cuarto exportador de este producto en el mundo, detrás de EEUU, Brasil y Argentina. Más de 20 millones de litros anuales de agroquímicos se vierten sobre territorio paraguayo, provocando enfermedades, cegueras, malformaciones en infantes, muerte de niños, campesinos, indígenas y agrediendo la flora, la fauna y el medio ambiente.

“El rechazo a la Ley de Plaguicidas, Agrotóxicos y Fertilizantes es una batalla más dentro de esta gran lucha contra los empresarios sojeros. Las organizaciones campesinas iniciaron este proceso hace cuatro años, poco después de la muerte del niño Silvino Talavera en el 2003 por fumigaciones con agrotóxicos”, señala Ulises Lovera, de la organización no gubernamental Alter Vida.

“Nuestra organización viene luchando por una alternativa al uso de los plaguicidas y denunciando casos de intoxicaciones desde hace 22 años. Desde el 2005 estamos acompañando la iniciativa de la Plenaria Popular Permanente, que componen organizaciones campesinas, con el apoyo técnico del Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), un ente dependiente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA)”, agrega.

Más intoxicaciones y menos respuestas

Un reciente estudio realizado por la Coordinadora de Vigilancia y Control de Plaguicidas del Ministerio de Salud constató que el uso de estos productos puede ocasionar la muerte o un impacto agudo y crónico en el cuerpo humano. De 50 casos de intoxicaciones severas registradas en el 2004, la cifra subió a 450 actualmente, afirma la entidad.

Esta situación enfrenta a empresarios sojeros y campesinos. La empresaria Claudia Ruser, integrante de la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas (APS), afirmó recientemente ante la prensa que los campesinos organizados del departamento de Alto Paraná -el primer productor de soja del país- “están en pie de guerra contra los sojeros”.

La respuesta de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA) y de su líder, Tomás Zayas, no se hizo esperar, convocando a movilizaciones campesinas contra los sojeros brasileños “que no respetan las franjas de protección, ni la salud de los pobladores”.

“La guerra que ella (Ruser) menciona la iniciaron ellos mismos hace rato, pero es una guerra química contra nuestro pueblo y éste tiene derecho de defenderse”, aseveró Zayas.

Los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú son los departamentos en donde el cultivo de la soja transgénica es mayor.

Ante la construcción de un megapuerto granelero por la empresa multinacional Cargill en el Río Paraguay, zona de Viñas Cué, en las afueras de Asunción, la comisión parlamentaria de Salud Pública advirtió sobre los posibles daños a la salud de la población. El Puerto Cargill funcionará a 500 metros, río arriba, de las principales tomas o captaciones de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP).

Cargill monopoliza en el país el 30% de las exportaciones de granos de soja. Los diputados Ignacio Mendoza y Héctor Lacognata evaluaron personalmente las denuncias de los movimientos sociales y advirtieron que de no tomarse las medidas necesarias, puede haber contaminación del agua.

Antecedentes con agrotóxicos

El 8 de enero de 2003 falleció Silvino Talavera, niño de 11 años, luego de ser alcanzado por la fumigación con Roundup. En el 2004, Carlos Robles y Mario Arzamendia murieron en manos de la Policía en Ypekúa, Caaguazú, en una protesta por uso de agrotóxicos. En el mismo año, la primera comunidad que se levanta contra el abuso de los químicos en los cultivos de soja transgénica fue Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. El 11 de noviembre del 2004, sobre la ruta 2, en Capiatá, un camión que transportaba agroquímicos volcó y se escurrió parte de la carga trasladada. Hubo 30 afectados, niños y mujeres en su mayoría.

La peligrosidad de los químicos sin control es reflejada en los recientes casos de intoxicaciones por cloro a más de 160 vecinos, en las cercanías de un colegio en la ciudad de Ñemby, departamento Central.

En la mañana del 6 de septiembre de este año- mientras en las afueras de la sede del Congreso Nacional se manifestaban organizaciones campesinas y ambientalistas, junto con familiares de fallecidos por fumigaciones- los parlamentarios rechazaban la Ley de Plaguicidas, Agrotóxicos y Fertilizantes. Postergaron así, un marco legislativo mínimo a la utilización de agroquímicos y así evitar más víctimas inocentes.