31 ene. 2011

PARAGUAY
Ímpetu del gobierno de Lugo cojea a mitad de mandato

Por Gustavo Torres

30/01/2011

A poco de cumplirse la mitad del mandato de cinco años, la gestión del presidente Fernando Lugo Méndez —de enorme expectativa al asumir el mando en agosto del 2008 tras romper 61 años de hegemonía del Partido Colorado— empieza a tener fuertes críticas por parte de los sectores que siempre le han brindado apoyo: los grupos de organizaciones sociales y de izquierda.

El incumplimiento de las principales promesas electorales y el desplazamiento de su gobierno hacia una política más conservadora son los puntos más cuestionados, principalmente los relacionados con la no implementación de la prometida reforma agraria y la seguridad interna, considerado esto último como un retroceso ante el recrudecimiento de la represión al movimiento popular y la criminalización de las protestas sociales.

La elección de Lugo como presidente de la República representó una enorme significación política, económica, de gestión pública y cultural, considerando que el país es el que más tarde se sumó al proceso democrático en la región después del derrocamiento en 1989 del ex dictador Alfredo Stroessner (1954-89). Es en ese aspecto que los sectores populares señalan sus críticas y piden al gobierno que reoriente su gestión hacia la profundización del proceso de cambio, empezando por defender y recuperar ciertos elementos de autoridad estatal, necesarios para la profundización de la democracia y los derechos humanos, amenazados por un sistema mercantilista corporativo, donde el poder privado impone límites estrechos a las acciones gubernamentales y ejerce un gran control sobre la economía, los sistemas políticos y la vida social y cultural.

El cierre del año 2010 fue menos tenso para el presidente Lugo en términos personales al lograr la recuperación de su salud tras someterse a un tratamiento de cáncer linfático, y en algunos puntos de la gestión gubernamental tras lograr algunos acuerdos con la oposición y alejar el debate sobre un potencial juicio político hacia su persona impulsado a mediados del año pasado, teniendo en cuenta la bonanza del crecimiento macroeconómico —según el Banco Central del Paraguay, la economía paraguaya creció 14.5% en el 2010— y de haber llegado a un acuerdo parlamentario para cubrir cargos vacantes en la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y algunas embajadas consideradas claves para el gobierno como Argentina y Uruguay.

Pasos en falso

Sin embargo, Lugo va perdiendo el apoyo de organizaciones y movimientos de izquierda como el Frente Amplio Paraguayo y el Partido Comunista Paraguayo. Este último, en un reciente comunicado, señaló que “defender el proceso de cambio es denunciar el incumplimiento del programa de cambio”.

Las críticas se centran, entre otras, en los pasos que Lugo ha dado hacia una política de privatizaciones relacionadas con las concesiones de carreteras y dragados de ríos solicitados por empresarios fluviales, sojeros e importadores, cuya ejecución destruirá gran parte de la biodiversidad de los dos ríos más importantes, el Paraguay y el Paraná, según pronósticos de grupos ambientalistas, perjudicando el sistema de humedales ubicado en la planicie central de la Cuenca del Plata, región que constituye el corredor de humedales de agua dulce más extenso del planeta.

La Ley de Concesión de Terminales Aéreas, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su estudio y que fue aprobada el 16 de diciembre pasado en primera instancia en la Cámara de Senadores, también ha sido rechazada por el llamado Frente Guasu, que agrupa a las organizaciones izquierdistas que acompañan a Lugo: Tekojoja, Movimiento al Socialismo, Movimiento Patriótico Popular, Convergencia Popular Socialista, entre otras.

La norma entregaría en concesión de 30 a 50 años al capital privado los aeropuertos Silvio Pettirossi de Asunción, Guaraní de Ciudad del Este y el de Mariscal Estigarribia, Chaco Paraguayo. Según el Ejecutivo, con el proyecto se busca poner en manos del sector privado la construcción, remodelación y mantenimiento de las terminales aéreas mencionadas, argumentando que implicaría el ingreso al país de una inversión de US$100 millones y la creación de unos 15,000 puestos de trabajo. Los partidos de izquierda consideran que esta suma es ínfima teniendo en cuenta que dos de los aeropuertos son muy rentables.

El Frente Guasu considera esta legislación como una “entrega del patrimonio estatal a los capitales extranjeros” y sostiene a su vez que en la actualidad es rentable en manos del Estado, por lo que no amerita ninguna concesión.

Asimismo, el descuido en el que se encuentran los pueblos originarios al carecer el gobierno de un plan de mayor inclusión —habiendo sido este uno de los ejes de la campaña electoral de Lugo—, así como la no recuperación de las tierras y los bienes mal habidos durante la larga dictadura de Stroessner son puntos de reclamos hacia el Ejecutivo para que rectifique el rumbo en los años que le restan de mandato.

Más allá de esta crítica de un sector de sus aliados, alegan los referentes del espacio socialista que la defensa del proceso de cambio que se inició con la elección de Lugo “se llevará adelante con Lugo, sin Lugo y aun contra Lugo”.

La opción progresista

Tras las elecciones municipales realizadas el 7 de noviembre, los partidos Colorado y Liberal Radical Auténtico continuaron copando prácticamente el 98% de las administraciones municipales, como antes de los comicios.

Con estos resultados el presidente Lugo seguirá siendo rehén de estos partidos tradicionales, aunque la sociedad paraguaya va dando un gradual giro del conservadurismo de años hacia la búsqueda de nuevos actores políticos más comprometidos con la solución de los graves problemas nacionales y locales que no encuentran respuestas en la derecha. Así, el Frente Guasu se constituyó en un tercer sector como alternativa electoral para los comicios generales del 2013.

“Somos una de las organizaciones de izquierda junto al Partido Comunista Paraguayo y Convergencia Popular Socialista, así como varias organizaciones sociales, quizás las más críticas con la falta de profundidad y la escasa vocación de cambio del gobierno de Lugo, que está quedando prisionero de los sectores tradicionales conservadores. Tekojoja apuesta al proceso de cambio y no a la persona; pasado el tiempo, los cambios no llegan, y hay un desencanto generalizado que se está viviendo en el campo y en la ciudad. Hoy como partido estamos asumiendo una postura de hacer avanzar el proceso cueste lo que cueste, acompañamos las esperanzas de cambio pero no el status quo”, afirmó a Noticias Aliadas Marcos Ibáñez, secretario de Comunicación del Partido Tekojoja.

“Formamos parte de la lucha del movimiento popular paraguayo, del Paraguay profundo, con reforma agraria, cambios estructurales en materia de distribución de la riqueza, el combate a la pobreza, puntos que hoy están quedando en los papeles, en los discursos. La realidad es que hay un proceso de derechización en todos los órdenes”, refiere Ibáñez. —Noticias Aliadas.

Publicado en Noticias Aliadas-

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6296

1 oct. 2010

Política1ro de octubre de 2010
ELECCIONES EN BRASIL

Entre la profundización de los cambios y la restauración conservadora


Por Gustavo Torres

Las encuestas de opinión anuncian que “la candidata de Lula”, Dilma Rousseff, ganará en primera vuelta cómodamente. Luego de dos gestiones consecutivas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores garantizará la continuidad del proceso político y la estabilidad en la región.

Este domingo habrá elecciones en Brasil. Están habilitados más de 135 millones de electores para votar la presidencia de la República, renovar dos tercios del Senado (54 senadores), toda la Cámara de Diputados (513 diputados) y 27 gobiernos estaduales con sus respectivas asambleas legislativas y parlamentarios al MERCOSUR. Si ningún candidato a presidente y a gobernador obtiene más del 50 por ciento del sufragio habrá segunda vuelta a realizarse el 31 de octubre 2010 (Ley 9.504 de 1997). La Constitución brasileña prevé única reelección inmediata de cuatro años, razón por la cual Luiz Inácio Lula da Silva no es candidato en esta oportunidad, a pesar de su enorme popularidad (más del 80 por ciento de aprobación según varios sondeos de opinión). Con este respaldo, el ex tornero mecánico, líder del Partido de los Trabajadores (PT) y primer dirigente sindical de América Latina que llegó a presidente, instaló como candidata a su discípula Dilma Rousseff para dar continuidad a su proyecto político y al PT en el gobierno. En el último tramo de la campaña, la “candidata de Lula” demuestra un imparable ascenso frente a sus contrincantes más cercanos como José Serra (Partido de la Social Democracia Brasileña -PSDB-) y Marina Silva (Partido Verde -PV).

Con un pasado guerrillero, Rousseff, de 62 años, se perfila a convertirse en la primera mujer presidenta del Brasil. De esta manera, el escenario preelectoral presagia la victoria de la candidata del PT sin que sea necesaria una segunda vuelta electoral. Ni siquiera el propio Lula da Silva, conocido por su carisma, ganó en primera vuelta en las elecciones de 2002 y de 2006. En el hipotético caso de que Rousseff no obtuviera más del 50 por ciento de los votos este domingo, de acuerdo a la última encuesta realizada por la consultora Datafolha, Dilma podrá vencer sin dificultad en un ballotage, en el cual obtendría el 52 por ciento de los votos frente un 24 por ciento de José Serra y un 10 por ciento de la candidata “verde”. Otros análisis proyectan que la posibilidad de un segundo turno dependerá mucho del crecimiento electoral de Marina Silva y de una reducción de los indecisos, que representan el siete por ciento de los 135 millones de electores. Los sondeos auguran además que la ex ministra de Lula podría llegar a contar en un eventual gobierno con una mayoría calificada en el Parlamento, conformada por el PT y sus aliados (PMDB, PDT, PCdoB, PSB, PTC, PSC, PRB, PR y PTN), suficiente para impulsar cualquier reforma de la Constitución Nacional.

Los otros candidatos

Sin mucho marketing y aparatos, en estas elecciones también se presentan los candidatos de la izquierda tradicional como el veterano dirigente y fundador del PT, Plínio Arruda Sampaio, representando al Partido Socialismo y Libertad (PSOL); Zé Maria de Almeida, obrero metalúrgico, candidato del trotskismo morenista por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU); Ivan Pinheiro, por el Partido Comunista Brasilero (PCB); y el Partido de la Causa Obrera (PCO), con la candidatura de Rui Costa Pimenta. Fustigando a los partidos de la derecha como los “tucanes” (PSDB) y sus aliados “demócratas” (DEM), nombre que ostenta en Brasil el partido de la dictadura militar, sin dejar de pasar factura a Lula por las deudas sociales pendientes, mientras reclaman la auditoría de la deuda externa, una reforma agraria y medidas económicas de fondo, más allá del asistencialismo.

En diálogo con Revista Zoom, Gonzalo Adrián Rojas, politólogo argentino de la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Paraíba, considera que la enorme dispersión de estas candidaturas dificultó aún más la presencia de un programa socialista, clasista e independiente de los otros bloques. “Mientras Plínio Arruda Sampaio critica las políticas del gobierno de Lula y se desgasta al enfrentarse con la mayoría de su propio partido que defendía una visión de la política parlamentarista, el candidato trotskista defiende un discurso socialista abstracto e independiente de las pocas luchas sociales en curso en el país”, sostiene el politólogo argentino radicado en Brasil.

El poder mediático y la farandulización de la política

Después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara las elecciones de 2002, en un país de la inmensidad de Brasil, muchos se han preguntado cómo un sindicalista pernambucano llegó a la presidencia sin el apoyo de los medios masivos de comunicación. La respuesta quizás está en que Lula ha sabido marcar una comunicación directa con la población, que sobrepasa cualquier interposición de los monopolios mediáticos. Debido a su enorme popularidad, el líder del PT trasladó su experiencia a su candidata, quien no sufre tanto acoso mediático como sí lo tuvo Lula. Gonzalo Rojas sostiene que esto se explica porque el grupo de la burguesía que representa a los grandes monopolios mediáticos ha obtenido muchas ganancias durante las dos gestiones de Lula. El analista político entrevistado denomina a este sector del grupo económico como la “gran burguesía interna que sostiene la división internacional del trabajo y que capitaliza parte de sus empresas con capital extranjero”. Por lo tanto, esta gran burguesía no se empecina por cambio político alguno y apuesta por la continuidad de Dilma Rouseff, “hegemonizando una alianza productivista con las principales organizaciones sindicales gubernamentales” y “que se complementa con una alianza de los sectores populares desorganizados beneficiarios de las políticas compensatorias del gobierno”, considera Rojas. Al sostener esta caracterización descree que haya un desarrollo capitalista autónomo en Brasil, más aún después del agotamiento del modelo de acumulación “fordista-productivista” ante el avance de elementos neoliberales y la hegemonía del capital financiero.

“Una cosa que sí es real hoy, es que la gran burguesía interna brasileña no quiere menos Estado. Al contrario, quiere más Estado, pero un Estado que transfiera recursos públicos para ese sector como lo hizo el gobierno de Lula al iniciarse la crisis”, reitera.

Según Marco Aurelio García, principal asesor de política externa de Lula, no se puede decir que el país no haya cambiado. Según García, Brasil paró el ALCA y recuperó un conjunto de elementos estratégicos para la elaboración de la política económica y social, y que tiene condiciones de crecer más y de seguir incluyendo a millones de brasileños a través del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) articulado por Rousseff desde su cargo en la Casa Civil, puesto que la catapultó con una suerte de primera ministra. Desde el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la voz de João Pedro Stédile, uno de sus principales líderes, afirma que lo más importante es derrotar al imperialismo que representa José Serra, lo que implicaría un apoyo implícito a Dilma, pese a que el MST sea criticado duramente por los petistas por no declarar un apoyo más explícito.

Lo cierto y concreto es que el sector que representa el candidato de PSDB, ubicado dentro de la “burguesía compradora” en la caracterización de Gonzalo Rojas, está cada vez más desmoralizado ante el sostenible avance de Dilma Rousseff. José Serra recibe el apoyo de un pequeño grupo de intelectuales paulistas de derecha, y al no presentarse como heredero de Fernando Henrique Cardoso, el ex presidente, quien estuvo ausente durante toda la campaña, declara que Dilma ya ganó en el primer turno.

Por su parte, “Marina Silva aparece como la tercera candidata con un discurso ambientalista policlasista y religioso. Defiende el ecocapitalismo en nombre del desarrollo sustentable, sin relacionar la destrucción del medio ambiente con el capitalismo, y defiende también la enseñanza en las escuelas públicas de las teorías creacionistas (inspiradas en doctrinas religiosas y que niegan la teoría de la evolución biológica) junto con las teorías de Darwin”, describe Rojas.

Un hecho a destacar a dos días de las elecciones es la despolitización de esta campaña, ocultando la situación real de miles de trabajadores brasileños que cortan caña en las factorías y que hoy tienen una media de vida útil igual o menor que la de los esclavos en el período 1850-1880, así como la situación de la población femenina, donde una de cada doce mujeres muere por causa de la violencia doméstica, paradójicamente en una campaña con dos mujeres como candidatas presidenciales. Sumado a esto se da la existencia de un proceso de “farandulización” de la política con un conjunto de candidatos que surgieron en el medio artístico y futbolístico y construido desde las empresas periodísticas, quedando en desmedro el debate sobre la crisis capitalista mundial.

La urgencia de una Ley de Medios en Brasil

En esta última etapa de la campaña electoral el propio Lula acusó a los medios masivos de antidemocráticos y de apoyar a la oposición al hablar en un acto de apoyo a la candidata oficialista en la ciudad Campinas, estado de São Paulo. El Presidente acusó a los holdings de comunicación privados de “destilar odio” al sostener que “no sólo vamos a derrotar a los adversarios en las elecciones, sino también a algunos diarios y revistas que se comportan como si fueran un partido político con candidato que no tienen el coraje de decir que tienen candidato”. La dura réplica de Lula sucedió en la misma semana en que estos conglomerados mediáticos, como los diarios Folha y O Estado de São Paulo, publicaron con amplio despliegue denuncias de supuestos actos de corrupción cometidos durante su gobierno, calificaciones que se han convertido en el principal tema de campaña por parte del candidato presidencial opositor, José Serra. La abolición de la Ley de Medios de la dictadura, en mayo del año pasado, ha dejado un vacío legal por lo que hoy es necesario construir un nuevo marco legal para remplazarla después de tener el apoyo del propio Lula da Silva y la oposición de izquierda y de derecha.

Hasta el momento, la política de comunicación de Lula había ha sido un tanto errática. Durante su primer mandato, entre 2002 y 2006, impulsó la creación de un Consejo de Ética Informativa que no llegó a prosperar. El PT había chocado contra el poderoso lobby de la comunicación, por lo que Lula no podrá concluir su segundo mandato sin atar algunos cabos. Uno de ellos pasa por sentar las bases de una estructura mediática en el país que termine con la situación actual en la que media docena de grandes empresas, todas ellas de matiz conservador, controlan la información (Red Globo, el mayor grupo de comunicación de Suramérica y quinto en la red privada de televisión del mundo, SBT y Record, etc.).

“Estamos esperando con ansiedad esta nueva elección que garantizará la profundización de la democracia en Brasil, con un sistema electoral totalmente informatizado para garantizar seguridad y transparencia de los votos”, asegura una de las voceras de su sede diplomática en Buenos Aires, que prefirió no identificarse. Al tiempo de afirmar “que cualquiera fuera electo Presidente, la relación con la Argentina (y la región) no variará”.

En el escenario internacional, durante la era Lula, Brasil ha tenido un papel fundamental dentro del concierto de las naciones, el cual ya empieza a mostrarse con ciertas ventajas al asumir una posición independiente, aseguran algunos expertos.

Mientras tanto, serán nueve los candidatos que concurrirán este domingo a la competencia por la sucesión en el Palacio del Planalto para ser el presidente número 40 del Brasil.

Fuente: http://www.revista-zoom.com.ar/articulo3759.html

Ecuador: una nueva asonada destituyente


Por Pablo E. Chacón y Gustavo Torres

para Política&Medios


La licenciada en relaciones internacionales ecuatoriana María Carola Iñíguez Zambrano conversó con Política&Medios acerca de la crisis política en su país, destacando la gravedad de la situación sobre un fondo más amplio que podría entenderse como reacción a los nuevos gobiernos latinoamericanos, la mayoría de los cuales ya no acepta la hegemonía estadounidense en la región.



A las ocho de la mañana, hora de Quito, en Ecuador, se disparó que un sector de la policía nacional ecuatoriana tenía como objetivo principal al presidente Rafael Correa, un economista doctorado en los Estados Unidos que nunca comulgó con la ortodoxia monetarista sino con un socialismo para el siglo XXI, según lo ha bautizado: una combinación de desarrollismo y distribución del ingreso en un país donde el conservadurismo de las asociaciones indígenas y el poder de fuego policial y militar tienen un peso para nada despreciable.

En ese contexto, con la excusa de un veto a la ley de servicio civil y carrera administrativa, que igualaba -en términos económicos y sociales- a los policías con los demás empleados del Estado, estalló el conflicto en un cuartel policial al que de inmediato concurrió el presidente. La recepción no fue amigable: Correa arengó a los vigilantes que lo gasearon y lo encerraron en el hospital del cuartel. Desde ese momento, la situación institucional de Ecuador entró en zona de peligro.

Iñíguez Zambrano dice que "el levantamiento policial es producto del veto presidencial, que no sólo reduce sus sueldos sino que equipara (a los policías) con los otros agentes del Estado; y también les saca prebendas históricas".

Es decir, "de tener un régimen de trabajo especial pasaron, por ley, a ser funcionarios públicos. Perdieron bonificaciones, vales, toda una serie de privilegios absolutamente extemporáneos. Pero esta es una primera lectura de la situación. Porque muchos analistas suponen que atrás de la policía están los militares". Y atrás de los militares, en América latina, el dominio ideológico es el de los Estados Unidos, presidente demócrata o republicano, da igual.

La especialista no asegura que atrás de estos movimientos, condenados en bloque en todo el mundo, incluso en USA, pueda estar Barack Obama. Pero lo que sí es cierto es que el presidente norteamericano no desarmó la matriz golpista que caracteriza la política exterior de su país (véase Afganistán). En ese sentido, los resultados de su gobierno son desastrosos.

"Es cierto que los militares aparentemente no participaron de la asonada. Pero el aeropuerto de Quito está cerrado, no hay televisión, Correa está encerrado y esos resortes los manejan los militares. Pensemos bien, digamos que los militares no tienen nada que ver. Entonces, pregunto, ¿por qué no dieron señales de vida? Porque no se los vio en ningún lado, salvo algunos, mezclados con los policías", dice Iñíguez Zambrano.

Por cierto, los incidentes no han hecho más que aumentar la popularidad de Correa, un hombre que denunció la existencia de sectores golpistas en la sociedad ecuatoriana, a pesar de sus seis éxitos electorales.

La agencia de noticias Argenpress explica que "en esta historia adquirían ‘primer nivel’ grupos que se identifican con la Unión Nacional de Educadores (UNE), la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios) y el MPD (Movimiento Popular Democrático) que hasta hace poco estaban con la ‘revolución ciudadana’ de Correa, pero que cambiaron cuando el presidente intentó las universidades, hasta hace unos años en manos del MPD, que se identifica como ‘marxista-leninista’".

Entonces, los universitarios coinciden con la policía y otros grupos de la sociedad civil que se "sentirían desprotegidos" al perder los privilegios del llamado "servicio civil". "Es uno de los dilemas que tendrá que tendrá que enfrentar Correa. No se trata de que se vaya sino de que rectifique el rumbo", dijo a P&M el director nacional del MPD, Luis Villacís Maldonado.

Se sabe ahora que el presidente llegó al poder apoyado en un grupo heterogéneo pero sin partido. El socialismo del siglo XXI (que lo acerca al ideario de Hugo Chávez) es de una amplitud vaga pero que ha conquistado el favor de las clases más favorecidas -excepto policías y militares, y a veces, universitarios, un clásico latinoamericano.

El hombre fuerte de la administración Correa es el ministro de Defensa, Javier Ponce, además periodista y escritor; proveniente de las clases altas, su formación de izquierda, al parecer, molesta a más de un funcionario norteamericano. Se lo considera un "infiltrado".

Es el García Linera de Correa

Iñíguez Zambrano no tiene la misma opinión. Contra quienes piensan que la contradicción del presidente ecuatoriano es promover una armonía entre el capital nacional y trasnacional con las demandas ciudadanas, el sector privilegiado del Estado lo pone contra las cuerdas.

"Y mucho de eso puede apreciarse en el trato que los indígenas le dan a Correa. Ellos no quieren saber nada con la explotación de los recursos naturales, sobre todo de la minería. Están absolutamente en contra de la explotación de la tierra, pero se entiende porque se trata de una cuestión ancestral, de la cosmovisión indígena, que hay que decir, no tiene cupo en el mundo de hoy. Pero no es el caso de los policías y los militares. Estos son la avanzada del golpismo hegemónico clásico".

Fuente: http://www.politicaymedios.com/politica/Ecuador__una_nueva_asonada_destituyente_20100930223436.php

5 feb. 2009

Movimientos Sociales5 de febrero de 2009
Una nueva etapa para el Foro Social Mundial

Belém versus Davos

Por Gustavo Torres

Durante seis días, más de 100 mil representantes de unos cinco mil movimientos sociales de 150 países debatieron en Brasil las alternativas frente a la crisis global mientras, en Suiza, el poder económico ensayaba su propia mirada de la reconstrucción de la economía mundial. Como señaló un sociólogo portugués, "si nosotros no encontramos la solución, ella vendrá de Davos, con más capitalismo y menos derechos”.

El IX Foro Social Mundial (FSM) que culminó el domingo 1 de febrero en la ciudad brasileña de Belém do Pará marcó diferencias con sus anteriores ediciones. En esta ocasión, la presencia de cinco presidentes sudamericanos (Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y Fernando Lugo de Paraguay) generó una trascendencia mayor y lo apuntaló como un espacio con capacidad de perfilarse como alternativa anticapitalista ante la crisis económica, energética, ambiental y global que vive el mundo ante el fracaso de la doctrina de libre mercado parida décadas atrás con el Consenso de Washington.

Durante seis días, más de 100 mil personas provenientes de 150 países y representantes de unos cinco mil movimientos sociales debatieron y afianzaron posturas como señal de alerta sobre la crisis global y la necesidad de encauzar las luchas populares.

Antecedentes

El Foro Social Mundial surgió como una alternativa al Fondo Económico de Davos, en un momento de auge del neoliberalismo en el planeta. En el año 2001, la ciudad brasileña de Porto Alegre, un lugar que era cuna del Presupuesto Participativo y de fuerte presencia de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y del Movimiento de los Sin tierra (MST), cobijó el primer encuentro de altermundistas. Su antecedente cercano habían sido las manifestaciones contra la Organización Mundial de Comercio en Seattle (Estados Unidos) en noviembre de 1999, que luego se extendieron por muchas otras ciudades del mundo. Las movilizaciones contra la invasión a Irak fueron el punto más alto de esa etapa antiglobalización. Hoy, esa convergencia de movimientos en sus intercambios de experiencias y coordinación de luchas se afianza en hacer parte a aquellos gobiernos progresistas de la nueva izquierda latinoamericana, con la certeza de la necesidad de pasar a una etapa de lucha más ofensiva frente al capitalismo global.

En paralelo, la 39° edición anual del Foro Económico de Davos estuvo lejos de ser aquel lugar desde donde los defensores del neoliberalismo difundían los logros del capitalismo financiero mundial. Esa voz resonante esta vez quedó reducida a los fríos Alpes suizos, donde brilló el escepticismo: el debacle de la economía de los países centrales desde septiembre de 2008 generó un imparable efecto dominó hacia la recesión.

El FSM capeó contra el precepto de la ideología del “Fin de la Historia” de los ‘90 y demostró la viabilidad de sus propuestas frente a la crisis económica y el futuro de la humanidad.

Ausencias

El Foro Social Mundial aterrizó en la ciudad brasileña de Belém, donde fueron convocados cinco mandatarios latinoamericanos, mientras que al Foro Económico Mundial de Davos, sólo asistieron dos presidentes: Felipe Calderón de México y Álvaro Uribe de Colombia. Asimismo, por obvias razones, no participaron algunas de las figuras más poderosas de los foros pasados, tal es el caso del “notable banquero” Richard Fuld, excluido por sus aliados después de que el banco de inversiones que dirigía, Lehman Brothers, colapsara el año pasado. Lo mismo ocurrió con John Thain, ex director ejecutivo de Merryll Lynch, quien, según el diario británico Financial Times, tenía previsto ser anfitrión de un desayuno de alto nivel en Davos, pero se vio obligado a renunciar. Tampoco fue parte uno de los promotores del FEM, el empresario indio Ramalinga Raju, fundador y presidente del gigante de la informática Satyam, quien está siendo investigado en relación con presuntas actividades fraudulentas por un monto de más de US$ 1.000 millones.

Con justa razón, el establishment mundial que se reunió en Davos teme que la crisis económica derive en brotes de violencia, teniendo en cuenta que las principales multinacionales anuncian el despido de cerca de 150 mil trabajadores.

La propuesta desde el Sur

Los que convocaron a Davos ensayan cómo detener esta crisis que ellos mismos provocaron, y como soluciones centrales recurren a los Estados para proteger los bancos, sin saber cómo proteger a las personas, pero madurando qué tipo de capitalismo aplicar después de esta situación.

Para el sociólogo portugués, Boaventura de Souza Santos, participante del FSM, se debe buscar una alternativa para la crisis mundial porque el riesgo es “que el Foro Económico de Davos la presente antes. Si nosotros no encontramos la solución, ella vendrá de Davos, con más capitalismo y menos derechos”.

En su papel de anfitrión, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva pidió, junto a sus colegas de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay, la creación de alternativas antineoliberales que rechazaran las tendencias capitalistas que provocaron la actual crisis económica internacional y fortalecer la integración regional.

En la IX edición de FSM, la Cuba revolucionaria ocupó un espacio propicio cuando los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Fernando Lugo de Paraguay, reclamaron a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, la devolución a Cuba del territorio de la base naval de Guantánamo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el neoliberalismo es un sistema perverso que ha colapsado y que el Foro Social Mundial es parte de la solución que el mundo necesita. No obstante, desde los movimientos campesinos, el dirigente del MST, João Pedro Stédile urgió a los presidentes a dar respuestas a la crisis económica mundial, manifestando que “los gobiernos de Latinoamérica tienen que reunirse para hacer cambios estructurales y no medicinas para el capital”. Stédile espera que los presidentes inviten a los movimientos sociales de sus países para discutir con ellos las salidas para la crisis. “Han estado muy flojos y esperamos más de ustedes”, recalcó durante la conclusión del encuentro con los presidentes.

“No alcanza con intercambiar experiencias entre militantes”

Según el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Emir Sader, el Foro Social Mundial debe pasar al debate político porque “la propuesta de superar el neoliberalismo simplemente con la esfera social, sin la política, quedó superada”.

Sader insistió durante una entrevista con la agencia Italiana ANSA, que “ya es hora de que planteemos cómo hacemos para que la consigna del Foro, Otro Mundo es Posible, sea llevada adelante en la práctica. No alcanza con intercambiar experiencias entre militantes de todos los continentes”. “Es una oportunidad para que los movimientos y organizaciones no gubernamentales hagan un arreglo de cuentas con la política que ha estado medio ausente en los últimos años”, consideró el sociólogo brasileño.

Hugo Chávez reconoció durante su discurso que el mundo está “frente a una crisis del modelo capitalista y de las políticas irresponsables del gobierno de Estados Unidos”. Mientras, el presidente ecuatoriano admitió que el socialismo del siglo XXI se “debe profundizar en América Latina y que la autocrítica, la constante renovación y las especificidades” son sus características. Por su parte, Fernando Lugo aprovechó su presencia en Brasil para reclamar un nuevo acuerdo (y la revisión del Tratado) sobre el manejo compartido de la hidroeléctrica Itaipú Binacional. “El gobierno de Lula no nos puede decir que no a un precio justo y la libre disposición de la energía”, indicó Lugo sobre las negociaciones entre ambos países. Por último, Evo Morales reivindicó la Constitución recientemente aprobada en Bolivia, señalando como logros de la nueva Carta Magna que “los servicios básicos como el agua y la luz son derechos humanos y por eso no pueden ser privatizados”.

Si por algo se eligió la región norte brasileña para organizar el FSM 2009 es por el impacto ambiental que viene sufriendo la Amazonia, una de las regiones más afectadas por las catástrofes climáticas, cuyas consecuencias ya se están sintiendo. Teniendo en cuenta además que en ella viven diversos pueblos indígenas, durante este foro se presentaron sus reivindicaciones junto a los miles de ambientalistas presentes.

La coincidencia de las 133 mil almas presentes durante el Foro Social Mundial es que la crisis capitalista internacional está impactando en varios frentes. La crisis alimentaria es uno de ellos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el número de personas que pasan hambre en el mundo aumentó de 832 millones en 2007 a 963 millones en 2008. La crisis ha saltado desde lo financiero y lo económico a lo climático, energético, migratorio y civilizatorio.

En consecuencia, al Foro Social Mundial se le presenta un gran desafío para reinsertarse en la construcción de otro mundo posible y la definición de plataformas post-neoliberales, como la construcción de procesos de paz justos en los epicentros de conflictos (Irak, Afganistán, Palestina, Colombia), el avance en la organización de la democratización de los medios de comunicación, y los conocimientos en la búsqueda de un mundo multipolar. Según lo propuesto en Belém por los movimientos sociales, 2009 será un año de diversas movilizaciones globales, concentrándose principalmente en los meses de marzo y abril durante la reunión de los “dueños del gran capital”, quienes buscarán descargar esta nueva crisis sobre los hombros de los pueblos del Tercer Mundo.

Política
8 de enero de 2009
ENTREVISTA EXCLUSIVA A OLIVEIRA DUTRA, FUNDADOR DEL PT

“Brasil está comenzando a dignificar a su población”

Por Gustavo Torres

Compañero de ruta del presidente Lula, afirma que en el Mercosur “el beneficio debe ser mutuo. No pretendemos, ni pensamos que Brasil pueda ser considerado un imperialista de América Latina.” Este sindicalista, que incorporó por primera vez el Presupuesto Participativo como prefecto de Porto Alegre, cuenta cómo fue su experiencia para facilitar la transparencia en la gestión de los recursos.

En Brasil han sido históricas las graves deformaciones en la elaboración y la ejecución de los presupuestos públicos, el despilfarro de los recursos y la corrupción debido a la concentración del poder. En 1988, Olívio de Oliveira Dutra —sindicalista de la banca y miembro fundador del Partido de los Trabajadores (PT)—, fue elegido prefecto de Porto Alegre para generar un cambio profundo en el destino de esa ciudad, incorporando por primera vez el Presupuesto Participativo, inspirado en los principios de la Comuna de París de 1871. Dutra también trasladó esa idea trabajada en el plano local al estadual, al ser gobernador de Río Grande do Sul (RS). La materialización del Presupuesto Participativo permite a la población colaborar, junto a técnicos y autoridades locales, en la formulación y el seguimiento de los fondos municipales, por lo que inspiró su implementación en varias ciudades del mundo.

Como invitado especial, Olívio Dutra participó en el Primer Encuentro Nacional de Presupuestos Participativos, jornada realizada en la ciudad de La Plata del 12 al 14 de diciembre, auspiciada por la Secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Nación y por la Municipalidad de La Plata. De aspecto gauchesco y amplia sonrisa, el político riograndense charló distendido con ZOOM sobre su trayectoria sindical y política, de sus gestiones y la implementación del Presupuesto Participativo durante su mandato, así como de su visión de la integración regional.

Los cargos ocupados por Olívio Dutra en la política brasileña van desde la dirección nacional del PT (1987) a ministro de las Ciudades durante el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien llegó a compartir luchas sindicales y políticas, y hasta un apartamento en Brasilia cuando fue diputado Federal (1986). Este líder petista y confeso apasionado por la cultura popular latinoamericana, decidió firmar un contrato con la sociedad para facilitar la transparencia en la gestión de los recursos e inaugurar una nueva forma de gobernar: la democracia participativa.

—¿Cómo fueron sus comienzos políticos dentro de las filas del Partido de los Trabajadores (PT) en el estado de Río Grande do Sul?

—Mi experiencia como petista comienza con la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) en febrero de 1980. Participamos en la creación del partido junto con el hoy compañero presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Diría que no hay una experiencia definitiva, sino que uno se va enriqueciendo siempre en y con la militancia partidaria. Actualmente presido la dirección del PT en el estado de Río Grande do Sul. Fui prefecto de Porto Alegre, gobernador de Río Grande do Sul, y durante el primer gobierno de Lula estuve como ministro de las Ciudades, uno de los primeros ministerios creado por el gobierno de Lula. En el año 1986 fui Constituyente junto con el presidente Lula. Antes de ser diputado federal estuve en la militancia sindical durante la década del ‘70. En plena dictadura militar me tocó dirigir el Sindicato de Bancarios de Porto Alegre, cuando era funcionario del Banco del estado de Río Grande do Sul. Actualmente soy jubilado bancario.

Como dirigente sindical bancario, junto con otros compañeros sindicalistas, estudiantes, militantes políticos y sociales fuimos víctimas de la represión de la dictadura, donde las detenciones y apresamientos eran comunes. Sin embargo, esto no impidió que continuásemos la lucha para construir el PT, la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT) y lograr la Constituyente. Desde la prefectura de Porto Alegre pasé al gobierno estadual, donde estuve diez años. Antes que resaltar mis experiencias de gestión, me considero sobre todo un trabajador incansable que lucha por un proyecto transformador por el bien de nuestra sociedad.

Democracia participativa

—¿Cuándo se implementó el Presupuesto Participativo y cuáles fueron los desafíos?

—El Presupuesto Participativo se implantó en Porto Alegre a partir de 1989 como un proceso abierto y no como una fórmula mágica o receta rápida y acabada. Pude vivenciar esa rica experiencia en tres niveles de gobierno: como Intendente de Porto Alegre, como Gobernador de RS y como ministro de las Ciudades. Cuando el Frente Popular (PT/PCB) ganó las elecciones para la intendencia de Porto Alegre, llevábamos el compromiso y la voluntad política de ir más allá de la democracia representativa formal. La democracia participativa ya germinaba, brotaba y se propagaba en el interior de los movimientos populares de fuerte tradición asociativa en la capital. Venía tomando cuerpo a medida que el pueblo se iba organizando en sus decisiones. Los primeros pasos del Presupuesto Participativo en Porto Alegre fueron dados con un alto grado de espontaneidad y en el ámbito de un terreno labrado por el protagonismo de una parte de la población que, sedienta de justicia social, ya realizaba su camino hacía décadas. Este clima y cultura, asociados a las condiciones de penuria de las arcas de la intendencia existentes hasta el momento, obligaron al gobierno del Frente Popular, al instalarse, a abrir de inmediato una discusión franca con el movimiento social sobre la estructura de la hacienda pública y del dispendio de los recursos del municipio. Los efectos del Presupuesto Participativo pueden ser observados desde el punto de vista del elevado grado de politización de su pueblo, pero también, en la mejora de las condiciones de vida de su población.

—¿Cómo se fueron dando esos cambios?

—Al implementarse el Presupuesto Participativo, atrás quedaron los espacios donde participaban únicamente los técnicos y las autoridades del gobierno municipal, decidiendo sobre la recaudación de impuestos y el gasto de los fondos públicos, encerrados en sus oficinas. Es la población, a través de un proceso de debates y consultas, quien determina y decide la cantidad de los ingresos y los gastos, así como dónde y cuándo realizar las inversiones, cuáles son las prioridades y cuáles son los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno.

Las dificultades y los desafíos al inicio de ese proceso fueron muchos. Nuestro gobierno se encontró con una intendencia con inmensos problemas financieros. Y esto no debía impedir, sino más bien impulsar la implementación de una gestión democrática y participativa. Con mucho debate, e involucrando a la comunidad y a la Cámara de Legisladores, implementamos una reforma tributaria con el objetivo de recuperar la capacidad financiera del municipio y la viabilidad de inversiones para atender, inicialmente, la reivindicaciones históricas de la población más pobre. El Presupuesto Participativo se fue afirmando como un espacio de formulación de decisiones democráticas sobre fondos y dispendio públicos y prioridades de inversiones en la ciudad. Al tratarse de una experiencia abierta, cada año fueron surgiendo foros, comités, congresos y canales de participación ciudadana en Porto Alegre. El estímulo permanente para que la sociedad se movilizara —incentivándola a participar de la construcción de un nuevo modelo de gestión y de ciudad— y la inclusión de nuevos sujetos sociales, constituyeron elementos importantes y definidores de la conformación de la gestión participativa en nuestra capital.

“Con nuestro gobierno, Brasil está comenzando a dignificar a su población”

—¿Qué opina de la experiencia petista en el poder?

—La elección de Lula trajo consigo la reafirmación de nuestro país como nación. Una nación que busca dialogar con todos los pueblos del mundo, en especial con los pueblos que luchan por su soberanía, por su identidad y sobre todo contra la opresión de los países ricos y poderosos. Desde un comienzo, nuestra dirección partidaria apuntó contra la estructura económica mundial, y por lo tanto nos sentimos solidarios con aquellos pueblos que resisten ese embate. Personalmente creo que Brasil tiene mucho que aprender de la experiencia que se están gestando en América Latina, desde la experiencia de los compañeros presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, Evo Morales de Bolivia y los presidentes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, así como de las compañeras presidentas de Chile y Argentina.

Estos procesos que estamos viviendo representan una insurgencia democrática contra el proyecto neoliberal implementado en América Latina y el mundo entero. Brasil está preparado para establecer mayores relaciones y diálogos con África, con India, China, entres otros países. Debemos ser los mensajeros de la paz y ser solidarios con todos los pueblos del mundo y ayudar en la construcción de efectivos espacios democráticos.

Tenemos que presionar para que la propia Oranización de las Naciones Unidas (ONU) vislumbre los cambios en su estructura de poder. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), hoy día están carentes de una efectiva apertura democrática. Nosotros como país debemos tener una visión holística del mundo en relación con el medio ambiente, con la naturaleza y con la vida en general; eso es fundamental para empezar a ocuparnos de nuestro futuro y presente. El desenvolvimiento deber ser sustentable, que no sea un desenvolvimiento impuesto, que genera guerra, que destruye naturaleza y que concentra riqueza. Creo que con nuestro gobierno, Brasil está comenzando a dignificar a su población, sobre todo a los más olvidados durante siglos: los pobres.

Más que hablar de mi experiencia gubernamental, más bien me siento un aprendiz con ganas de seguir conociendo la rica experiencia de los pueblos hermanos, por eso es importante extender la solidaridad internacional y los respetos por las identidades y la soberanía de los pueblos. En ese rumbo estamos transitando con el compañero Lula en la presidencia.

—¿Qué papel puede cumplir Brasil dentro del Mercosur?

—Un papel protagónico. No podemos desentendernos de los acuerdos y compromisos bilaterales, por ejemplo el tratado de Itaipú con Paraguay, y otros acuerdos que tenemos con nuestros vecinos. El beneficio debe ser mutuo. No pretendemos, ni pensamos que Brasil pueda ser considerado un imperialista de América Latina, tampoco que Brasil pueda ser víctima de cualquier injusticia en el marco del Derecho Internacional. Debe primar la buena y legítima convivencia entre nosotros para no caer en la garra de los intereses de afuera, los intereses de grupos privados internacionales que siempre desangraron nuestra América para aplicar las políticas de expoliación, como el modelo neoliberal. En nuestro bloque regional, ya no debemos permitir que un Estado quede en manos privadas o convertirse en un Estado mínimo. Estas experiencias fueron dolorosas para nuestros pueblos. Mientras el modelo dilapidaba los recursos, la población quedaba al desamparo de todos, incluso del Estado; sin embargo, cuando quiebran —como lo estamos viendo ahora—, corren detrás de los recursos públicos, y en ese caso, el Estado les sirve. Pero mientras hay ganancia, el lucro es privado, y sólo socializan sus perdidas. Frente a este mandato, Brasil junto con sus vecinos, deben pasar a ser protagonistas para que definitivamente podamos desterrar de nuestra región y de Latinoamérica esta ideología de lucro y defraudación. Somos conscientes de que Brasil tiene mucho que trabajar aún por su soberanía y la reivindicación social de su pueblo, y sobre todo, integrarse del todo con sus vecinos y ser más solidario. Estas premisas deben ser una preocupación permanente de nuestros países para que seamos constructores de una nueva sociedad, solidaria con los más débiles y oprimidos.

Cuba, por ejemplo, merece una solidaridad permanente y efectiva. Cada país debe participar en igualdad y con una real toma de decisión como pueblo dentro del bloque. El presidente Lula es una gran figura reconocida internacionalmente y no practica hegemonismo, tiene un corazón abierto y una bondad enorme para ser parte de todos los proyectos que los pueblos de nuestra América latina quieren afirmar para rescatar sus derechos y afirmar legitimidad de sus gobiernos democráticamente electos, radicalizar el proceso democrático para que la democracia no sea sólo discurso y formalidades para pasar a ser una realidad política, económica y cultural, y que definitivamente se llegue a la distribución de la riqueza para millones de seres humanos de nuestro continente y el mundo entero.

Opinión3 de diciembre de 2008
OPINON
Gustavo Torres

Los cien días de Lugo

Por Gustavo Torres

En un escenario de reclamos sociales, pujas políticas e incertidumbre sobre el futuro económico, el mayor desafío de Lugo es la aplicación de la reforma agraria, su principal promesa de campaña.

Al ser rehén de su propia composición en la Alianza Patriótica para el Cambio, de mayoría conservadora, el gobierno se encuentra en una situación difícil para enfrentrar salidas concretas a la crisis agraria. Lugo parece un ejecutivo solitario sin organización política propia, sin el respaldo del Congreso (controlado por el Partido Colorado y el UNACE de Oviedo) y de un viciado Poder Judicial, que está lejos de acompañar el proceso de cambios que apostó el pueblo paraguayo.

Sin embargo, distintos sondeos de opinión encargados por los medios coinciden en que la imagen de la gestión presidencial es positiva, porque sigue concentrando las expectativas de cambio, aunque en algunos sectores de la población se percibe un leve desencanto.

Para el analista político Alfredo Boccia Paz, a estos cien días de gestión le faltó espectacularidad, porque las modificaciones han sido muy paulatinas y sin virajes drásticos.“Creo que estamos dando pasos lentos, adelante, con dificultades, pero vamos a seguir avanzado. Mi gobierno constituye una respuesta inequívoca a las muchas demandas acumuladas y oportunidades perdidas en las últimas décadas”, sentenció Lugo al evaluar estos primeros meses de gobierno.

El conflicto agrario

El asesinato de líder campesino Bienvenido Melgarejo el pasado 3 de octubre en manos de la Policía Nacional durante una ocupación de tierras en el departamento de Alto Paraná, elevó el nivel de violencia durante el conflicto agrario, que ha enfrentado a latifundistas y movimientos sin tierra. Frente a esta situación, el movimiento campesino activo organiza marchas y ocupaciones masivas en latifundios de todo el país. Estas presiones lograron acelerar la creación del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), en el cual el gobierno destinó 15 millones de dólares para mejorar la situación de los labriegos. Además, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) emprendió el proceso administrativo para identificar más de 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, propiedades mal adjudicadas durante los distintos gobiernos colorados, en su mayor parte entregadas durante la dictadura de Stroessner y la llamada “transición democrática”.

“Queremos recuperar estas tierras que están en manos de personas que no son sujetos de la reforma agraria (políticos, jueces, comerciantes, militares entre otros) y entregárselas a los campesinos”, afirma Alberto Alderete, presidente del INDERT. Abogado de vasta trayectoria en el tema, fue propuesto por los movimientos sociales para conformar el gabinete de Lugo. Para frenar la extranjerización de las tierras, el gobierno prohibió las ventas de tierras productivas a los extranjeros. Un estudio realizado por la no gubernamental Base IS, destaca que el 70% de las tierras agrícolas paraguayas están actualmente en manos de terratenientes extranjeros, en su mayoría brasileños.

La reacción gubernamental no ha sido menor en estos tres meses de gobierno, con más de 60 desalojos, decenas de heridos y golpeados en los procedimientos.

En ese aspecto, se ve intacta la dinámica de represión tradicional. La fiscalía no queda atrás en el momento de orientar la represión hacia los movimientos sociales junto a las fuerzas de seguridad -más de cien campesinos fueron asesinados dentro de la lucha por la tierra desde la apertura democrática en 1989. La estrategia de “ocupar y resistir” ha servido al movimiento de sin tierra para que en los últimos cinco años recuperaran más de 250 mil hectáreas de tierras para producir. Además de la demanda por la reforma agraria, las distintas marchas campesinas, apuntan a la reforma del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, evitando la cuota política para la designación de los ministros de la Corte Suprema. “Los principales aliados de la corrupción y la impunidad en nuestro país son la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, quienes criminalizan la lucha social”, afirmó Hugo Richer, del Frente Patriótico Popular (sector que agrupa a organizaciones campesinas, de sin techos y movimientos de izquierda). Estas agrupaciones están en movilización permanente en varios departamentos del país para pedir por la Reforma del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, por la Reforma Agraria Integral, por la Soberanía Nacional, por Política Social y por la realización de la Asamblea Nacional Constituyente.

Si bien el enfoque de la gestión de Lugo apunta a la transparencia administrativa y las políticas sociales enfocadas para disminuir la extrema pobreza, pocas acciones se han notificado hasta ahora contra los corruptos y represores.

En lo económico, el cambio ha sido mínimo: algunos viceministros siguen siendo los mismos. El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, estima que el país crecería cerca de un 3% en 2009, por debajo del 5% previsto originalmente por el Gobierno, debido al impacto de la crisis financiera mundial.

En materia de justicia social, Lugo ha obtenido tal vez los mejores resultados en el área de salud: por vez primera la atención en los hospitales públicos es totalmente gratuita. En el área educativa “se espera que el inicio del ciclo escolar de 2009 sea sin un solo maestro ad honorem en las escuelas, además de implementarse un sistema de becas y asistencia económica a escolares de bajo recursos para reducir la deserción escolar”, vaticinó el ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone.

Política
12 de noviembre de 2008
TENSION ENTRE BRASIL Y PARAGUAY

Fronteras vivas

Por Gustavo Torres

Con el segundo operativo “Frontera Sur” realizado entre el 13 y el 24 de octubre, Brasil exhibió su poder de fuerza en la región. Las maniobras se extendieron a las fronteras con Uruguay, Paraguay y Argentina y suscitaron la reacción inmediata del gobierno de Fernando Lugo, quien la consideró una “provocación”.

Con el segundo operativo “Frontera Sur” realizado entre el 13 y el 24 de octubre, Brasil exhibió su poder de fuerza en la región. Las maniobras se extendieron a las fronteras con Uruguay, Paraguay y Argentina sustentadas por la Ley Nº 11.631, promulgada por el presidente Lula Da Silva a fines de 2007, por la que se crea el Sistema Nacional de Movilización (Sinamob) con el objeto de proteger los intereses brasileños y de sus ciudadanos en el exterior.

Esta segunda versión, realizada a menos de cuatros meses de la primera, movilizó a unos diez mil hombres con munición real, e incluyó una hipótesis de rescate de conciudadanos y ocupación de usinas hidroeléctricas (exercício de extrusão em hidrelétrica). Las maniobras incitaron la reacción inmediata del inaugurado gobierno de Fernando Lugo, quien la consideró una “provocación”. El jefe de Comando Militar del Sur, general José Carvalho Siqueira, había declarado que si Lula se lo ordenara, ocuparían Itaipú para demostrar al Paraguay que “los militares brasileños están atentos y preocupados con la situación de los brasiguayos , como se conoce a los brasileños y sus descendientes que viven dentro de Paraguay.

Fronteras calientes

Si bien Brasilia argumenta que es para combatir el tráfico de drogas, armas y mercadería en la Triple Frontera, el canciller guaraní, Alejandro Hamed Franco, declaró que “los ejercicios apuntaban hacia el territorio paraguayo, sin aviso previo”. Brasil aplica la doctrina de fronteras vivas: “mi frontera se extiende hasta donde están mis connacionales y mis intereses económicos”.

Ante esto, Lugo pidió explicaciones al embajador brasileño en Asunción y advirtió que “ningún milímetro del territorio, ni la cultura, ni la soberanía pueden ser molestados. Si esto ocurriera, la reacción paraguaya no se dejará esperar”, y sostuvo que el general Carvalho Siqueira realizó una hostil provocación al país, en tiempos de integración y no de conflictos en la región.

Durante una reunión mantenida entre Lugo y Lula el viernes pasado, este último pidió disculpas por las expresiones del militar. Lugo respondió con humor, admitiendo que en la reunión se repasaron “las pequeñas escaramuzas” que mantienen ambos países.

La Gran Marcha al Este

Desde los años ‘50, el aumento de la influencia brasileña fue consecuencia de un giro geoestratégico de Stroessner, quien buscaba reducir la dependencia del Río de la Plata, desde donde históricamente Paraguay se conectaba al mundo. Se colonizaron los territorios orientales, y finalizó la construcción de la carretera Asunción-Ciudad del Este, completada con el “Puente de la Amistad” (1962) que conecta con territorio brasileño.

Esa integración asimétrica se completó con la construcción de la hidroeléctrica Itaipú, cuya magnitud provocó un cambio radical en la geografía local. La represa se construyó durante la crisis del petróleo de los ‘70, en medio de las dificultades de Brasil por sustentar su desarrollo industrial con combustible barato.

La energía de Itaipú alimenta al complejo industrial paulista. Eso genera debates en ambos países desde que Lugo hizo del tema la columna vertebral de su campaña para las elecciones presidenciales de abril de 2008. Paraguay quiere multiplicar al menos cinco veces los ingresos que obtiene por la venta de la parte que le corresponde de la energía (unos 46 millones de megavatios/hora) que le aporta 300 millones de dólares al año, pero que a precio de mercado se elevaría a 1.500 ó 2.000 millones de dólares anuales.

El analista político paraguayo Víctor Barone señala que “si Brasil le condonara toda la deuda de Paraguay y pasara a pagar 1.500 millones de dólares por la energía de Itaipú, no alteraría su equilibrio económico. El interés de Brasil es geopolítico, teniendo en cuenta que muchos de sus ciudadanos e inversiones están en Paraguay”.

“La presencia del capital brasileño en Paraguay es cada día más importante. Además del agronegocio, está en la distribución de combustibles (Petrobras tiene casi el 45% del volumen total del mercado), en el sector financiero (Interbanco, filial de Unibanco, es el mayor banco minorista), en la carne (el 60% de los frigoríficos tienen participación de capitales brasileños), y en otros sectores menores como servicios varios, transportes aéreos, etc.”, agregó Barone.

Al referirse a los brasiguayos, Barone señala que “son el producto de la política expansionista de la dictadura militar brasileña en las décadas del ´60 y ´70 sobre la base ideológica de la Guerra Fría y la doctrina estratégica de las fronteras vivas”.

Tierras y soja

Una semana antes de que se iniciaran las maniobras, Lugo prohibió la venta de tierras cultivables a extranjeros, una medida que irritó y preocupó a los cientos de terratenientes brasiguayos que controlan las fincas sojeras cerca de la frontera. Durante la dictadura de Stroessner, en concordancia con Itamaraty, se había facilitado la extranjerización de esas fértiles tierras fronterizas a precios irrisorios. Entretanto, diversas organizaciones campesinas paraguayas están reclamando contra la posesión de tierras en manos de brasiguayos.

Más allá de sus iniciativas regionales, Brasil es el único país latinoamericano con un plan estratégico de defensa definido, un empresariado agresivo y fuerzas armadas con vocación nacionalista que no parecen dispuestos a dejarse someter por ninguna potencia.

En contraste, Paraguay otorgó inmunidad diplomática a unos 400 marines estadounidenses para realizar ejercicios entre 2005 y 2006, y se sospecha que hay una base militar de Estados Unidos en Mariscal Estigarribia, región occidental del Paraguay.

Por la postergada reforma agraria en Paraguay, movimientos campesinos paraguayos se encuentran acampando alrededor de los latifundios. “Si Brasil sigue con su despliegue persuasivo, el conflicto tomará ribetes de ascenso y pueden ocurrir sucesos drásticos en los próximos días”, vaticina Barone, “pues en una situación de conmoción social puede darse un grave problema para Brasil, que deberá proteger a sus ciudadanos y a sus inversiones”, alega. “Esa es una disputa típica entre la metrópolis con la colonia y sus ciudadanos”, concluye.

Triangulación

Brasil y Paraguay tienen una frontera común de 1.300 kilómetros, que incluyen 400 de frontera seca, paso frecuente de tráficos ilegales de todo tipo. Esto motiva constante ingresos ilegales de militares y policías brasileños en territorio paraguayo persiguiendo a supuestos “delincuentes”.

El gran frente de conflicto es la Triple Frontera, en especial Ciudad del Este, unida a través del “Puente de la Amistad” con Foz de Iguazú. Todo indica que los militares brasileños permanecerán en la zona del puente para continuar realizando tareas de seguridad interior y como soporte de la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Federales) para el control de los denominados sacoleiros (turistas compradores).

Hacia 1980, Stroessner alentó la denominada triangulación económica o contrabando encubierto, que contó con el apoyo de Brasil aunque éste tenía altos aranceles para productos manufacturados de terceros países. Los importadores paraguayos triangulaban productos chinos que luego reintroducían en Brasil.

Este modelo comenzó a cambiar durante la presidencia de Cardoso: apertura de mercados, zonas francas y amenazas (no cumplidas) de construir un muro de 1,5 kilómetros de largo por tres metros de altura en Foz de Iguazú, frente a Ciudad del Este, para frenar el contrabando. Si los comercios de Ciudad del Este se cierran, la economía paraguaya se desbarranca, manifestó en su oportunidad el experto en geopolítica y actual ministro de Educación de Lugo, Horacio Galeano Perrone.

Cambios de paradigma

Esa prosperidad parece cosa del pasado. Según cifras del Banco Central de Paraguay, las transacciones en Ciudad del Este ascendieron a 15 mil millones de dólares durante 1995, pero hoy apenas llegan a 3 mil millones. Cerraron comercios, se redujeron el empleo y las inversiones, lo que preanuncia el agravamiento de problemas sociales.

Ante esta situación, Brasil tomó la iniciativa con el “Plan Lula”, que contempla la instalación de industrias estratégicas de capital brasileño, construcción de un segundo puente, una línea de transmisión de alta tensión entre Itaipú y Asunción, y la unión ferroviaria entre Paranagua, Foz de Iguazú y la capital del Alto Paraná que unirá Encarnación y Posadas, Argentina. El plan incluye facilidades impositivas para los sacoleiros.

La iniciativa genera desconfianza del lado paraguayo: “Es como lanzar globos sondas sobre el país, como lo fue el plan de reconversión de Ciudad del Este que ofrecieron los brasileños para desestimular la radicación de empresas industriales taiwanesas en el Parque Industrial Oriente en la década de 1990”, afirman especialistas paraguayos.

En este marco de conflicto social interno, sumado a la influencia que sigue teniendo el Partido Colorado aunque fue desplazado del poder formal, es natural que los ciudadanos paraguayos miren con suma desconfianza la realización de ejercicios militares del poderoso vecino.