Derechos Humanos
28 de febrero de 2007

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Una cadena de piletas de natación sigue violando las normas de seguridad

La muerte de una niña no fue suficiente

Por Gustavo Torres, especial para Causa Popular

Aunque parezca mentira, la muerte de una menor en una de las piletas de la red de clubes Meglatón, no logró detener el afán de lucro de sus dueños. Según denunciaron los padres de la pequeña de 9 años fallecida, “a pesar de una grave causa judicial en su contra, la empresa privilegia la ganancia sobre la medida de seguridad de 35 mil niños”. Sin embargo, “la sociedad y los funcionarios públicos tienen que exigir que se protejan a los niños, ya que son grupos de riesgos si no se le brindan la seguridad suficiente”. ¿Las faltas graves?: menos guardavidas por pileta, menos plataformas y una serie de falencias que sólo las comprueban cuando es demasiado tarde.

El 12 de febrero de 2001, Florencia Moller Rombolá de 9 años fue a la colonia Meglatón de All Boys a pasar un buen momento y aprender natación. Sus padres tenían la certeza de que estaba en un lugar que cumplía con las medidas de seguridad que establece las leyes y las ordenanzas de la ciudad de Buenos Aires. “Nos engañaron, nos estafaron. La empresa nos había garantizado hiperseguridad”, acusaron luego de la muerte. Es que en el momento del accidente fatal, la red de clubes Megatlón no disponía de la cantidad de guardavidas que establece la Ley, osea: dos guardavidas por pileta. En este caso, la colonia disponía de un guardavida para las dos piletas.

“Tenían piletas con grandes falencias como la falta de canaleta perimetral para que los chicos se agarren, tampoco poseían plataforma sobreelevada para que los guardavidas ejerzan la protección de los chicos; en esa condiciones y sin habilitación murió Florencia, a quien nadie la estaba mirando ni cuidando”, dijo Alejo Ramos Padilla, abogado de los padres de Florencia Rombolá.

“Lamentablemente la muerte de Florencia no sirvió para nada, hoy tenemos más de 35 mil chicos en riesgos, porque las cadenas de Megatlón, según versiones de los propios integrantes de esta red, siguen sin cumplir con las ordenanzas que hacen a la seguridad. Pareciera que estamos esperando que mueran otros chicos”, agregó el abogado de la querella.

En el caso están acusados el presidente de Megatlón, Fernando Storchi; el coordinador de deportes de la cadena, Julio Giraldi; y el ex presidente de All Boys, Horacio Bugallo, la guardavida Giselle Kamenetzky y la profesora de educación física Cecilia Privato.

Según Ramos Padilla, en este tipo de tragedia la responsabilidad principal es la de los empresarios avaros que privilegian el lucro sobre la medida de seguridad, pero que la sociedad y los funcionarios públicos tienen que exigir que se protejan a los niños, ya que son grupos de riesgos si no se les brindan seguridad.

“No podemos tener más muertes por querer ahorrar bañeros, plataformas, o por no hacer cumplir las normas que las legislatura sanciona”, señaló el letrado y agregó: “Los padres de Florencia se preguntan qué se está esperando para que el gobierno de la ciudad haga cumplir las leyes que dictan los legisladores, cómo no se dieron cuenta que la red Megatlón seguían incumpliendo”. “Los familiares de Florencia agradecen al ejecutivo nacional por la creación de la Oficina Antiimpunidad y la gestión de Oscar Parilli por el seguimiento de esta causa, ya que desde un comienzo quisieron trabar, pusieron todos los obstáculos para que no se investiguen a los máximos responsables de este crimen, a punto tal que el fiscal no acusa al presidente de Megatlón. En esta querella los padres de Florencia son los que están llevando acabo la acusación, es el primer caso jurisprudencial donde se autorizan a llevar a cabo la imputación”, concluyó Alejo Ramos Padilla.